Los Derechos Humanos no existen en el Vaticano.

La Santa Sede no cumplió con todas sus obligaciones internacionales relativas a la protección de la infancia.

Seguían denunciándose casos de malos tratos policiales, y las investigaciones sobre tales denuncias avanzaban lentamente. Se estaba examinando un anteproyecto de ley sobre migración y asilo que era incompatible con el derecho a solicitar asilo. El Consejo Constitucional determinó que las normas sobre detención preventiva por delitos comunes eran inconstitucionales. Las comunidades romaní y nómada estaban estigmatizadas y eran víctimas de desalojos forzosos y expulsiones.

Continuaron las amenazas, el hostigamiento y los ataques contra periodistas independientes y defensores y defensoras de los derechos humanos, y las investigaciones sobre estos incidentes dieron muy pocos resultados concretos. Prosiguieron los ataques a la libertad de expresión y de reunión, en forma, por ejemplo, de prohibición y dispersión violenta de manifestaciones y de procesamientos en aplicación de la legislación contra el extremismo. La situación seguía siendo inestable en el Cáucaso Septentrional en materia de seguridad. La región seguía afectada por atentados de grupos armados y persistentes violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios, desapariciones forzadas y torturas. En toda Rusia hubo informes frecuentes de tortura y otros malos tratos infligidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Miles de personas fueron secuestradas y asesinadas por bandas de delincuentes. Las fuerzas policiales y militares desplegadas para combatir a las bandas fueron responsables de violaciones graves de derechos humanos. Las serias deficiencias en el sistema judicial y en los mecanismos de supervisión persistieron y, en los casos de violaciones de derechos humanos, la impunidad fue la norma. Varios defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas fueron asesinados, amenazados o acosados. Al concluir el año seguían pendientes las medidas de protección prometidas y los nuevos procedimientos para investigar los ataques. Los migrantes irregulares fueron víctimas habituales de secuestros, violaciones y asesinatos. La matanza de 72 migrantes reveló la escala y el carácter sistemático de los abusos cometidos contra ellos. Las medidas legislativas fueron insuficientes para prevenir y castigar la violencia generalizada contra las mujeres. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencias por violaciones graves de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas. Muchas comunidades indígenas seguían teniendo un acceso limitado a servicios básicos. Fueron excarcelados cinco presos de conciencia.

Se ejecutó a 46 personas durante el año, y continuaron recibiéndose noticias sobre uso excesivo de la fuerza y crueles condiciones de reclusión. Decenas de hombres continuaron detenidos por tiempo indefinido bajo custodia militar en Guantánamo aun después de cumplirse el plazo de un año fijado por el presidente Obama para el cierre de la instalación. Se llevaron a cabo actuaciones judiciales ante comisiones militares en unos pocos casos, y el único preso de Guantánamo transferido hasta la fecha al territorio continental estadounidense para su procesamiento ante un tribunal federal fue juzgado y condenado. Cientos de personas continuaban bajo la custodia del ejército estadounidense en el centro de detención de la base aérea de Bagram, en Afganistán. Las autoridades de Estados Unidos obstaculizaron los intentos de obtener rendición de cuentas y reparación por los delitos de derecho internacional cometidos contra personas que habían sido sometidas al programa estadounidense de detención secreta y entrega.